
Se trata de un embargo ejecutivo la retención de una
camioneta propiedad del Ayuntamiento Municipal de Cotuí el pasado lunes 19 de
este mes, luego de una sentencia definitiva confirmada, en última instancia,
por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Al cabildo de Cotuí se le condenó al pago de 708 mil
pesos más un interés de un 1 % mensual a partir de la demanda a favor de la
parte embargante, como lo establece la
sentencia 00489-2013 emitida por la Cámara Civil y Comercial del juzgado
de primera instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez el 27 de
diciembre del año 2013.
Tras el embargo, el Ayuntamiento de Cotuí acusa del
robo de la camioneta Nissan color negro del año 2011, placa L290683, a seis
personas que se encuentran detenidas a la espera de que el juzgado de la
instrucción del municipio de Cotuí les conozca medida de coerción consistente
en prisión preventiva.
De acuerdo con fuentes de la parte beneficiada con la
sentencia, se trata de asunto eminentemente civil, y que no tiene implicaciones
de índole penal, por lo que las personas señaladas por el Ayuntamiento como supuestos
autores del alegado robo no son son pasibles de ser sancionados con ninguna
medida de coerción de tipo penal.
Para la ejecución de la sentencia definitiva,
consistente en un embargo ejecutivo, la parte favorecida asegura que cumplió
con todos los requisitos legales antes de proceder.
A partir del año 2013, cuando fue emitida la
sentencia, explica la parte embargante,
el Ayuntamiento de Cotuí fue notificado en tres ocasiones para que
cumpliera con el pago, sin embargo, en igual número de veces, sus autoridades
se negaron a cumplir.
El martes 13 de junio, de acuerdo con documentos
mostrados por la parte embargante, al Ayuntamiento le fue notificado un
mandamiento de pago en un plazo de un día franco, en el que se especificó que
de lo contrario se procedería a un embargo.
Las autoridades del Ayuntamiento de Cotuí hicieron
caso omiso al mandamiento de pago, explica la parte favorecida con la
sentencia, por lo que procedieron a la
ejecución de la decisión definitiva emitida por el tribunal, embargando la
camioneta propiedad de ese cabildo.
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