SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público iniciará este viernes a leer hoy la acusación formal contra los imputados por los 3.5 millones de dólares que pagó la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para la compra y venta de ocho aviones Super Tucano.
La Corte de Apelación declaró inadmisible el recurso mediante el cual el exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, contra la designación de Raquel Astacio como juez interina para conocer en el caso que está en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado a Astacio luego de que la magistrada Yanibet Rivas se inhibiera ayer de continuar el conocimiento de la solicitud de apertura a juicio hecha contra Peña Antonio, el Coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Ysrael Abreu Rosario, el notario Félix del Orbe Berroa, y las empresas 4D Business Group y Magycorp, debido a que conoció el juicio penal abreviado donde la Empresa Brasileira declaró culpable.
Pese a que el acuerdo entre la Procuraduría y Embraer era para aportar nuevos elementos de pruebas que demuestren la responsabilidad de penal de los imputados u otras personas, a la fecha, no se han aportado nuevos elementos para sustentar la solicitud de envío a juicio de fondo que hace el Ministerio Público.
El procurador Jean Alain Rodríguez informó, cuando depositó la acusación contra los imputados, que las investigaciones sobre los sobornos pagados por Empresa de Aeronáutica no arrojaron información fehaciente de que a legisladores se les haya sobornado para la compra de los Super Tucano. Al parecer las nuevas pruebas que le entregaron tampoco aportaron elementos que conduzcan a la persecución de penal de legisladores pese a la Procuraduría tener fotografías de encuentros de legisladores y ejecutivos de Embraer.
A un año y nueve meses desde que se depositó acusación formal en el juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, no ha sido posible iniciar el conocimiento de los argumentos y pruebas que aportó la fiscalía para justificar su imputación de soborno, enriquecimiento ilícito, lavado de activos.
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