El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró ayer que el ministerio público tiene “pruebas contundentes” para demostrar el involucramiento de los imputados en el pago de sobornos para el contrato de compra a Brasil de ocho aviones Súper Tucano.
Dijo que durante el proceso investigativo el ministerio público ha recibido la colaboración de las autoridades de Estados Unidos y Brasil, lo que ha permitido fortalecer y ampliar las indagatorias.
Destacó que siguen avanzando en las investigaciones y en la estructuración del expediente en contra de los imputados por la compra de los Super Tucano, para lo cual se habrían otorgado sobornos por US$3.5 millones. Expresó que en este caso no se ha llegado a ningún acuerdo con los imputados ni se ha contemplado el mismo dentro de las acciones programadas. “La Procuraduría trabaja para que se castiguen los hechos de corrupción y toda acción que perjudique el bienestar y el desarrollo del país”, enfatizó el Procurador.
Sostuvo que con relación al caso se ha realizado un significativo número de allanamientos a escala nacional, durante los cuales se ha logrado obtener importantes hallazgos para sustentar el expediente de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 448 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Rodríguez dijo que con las diligencias procuran obtener los mejores resultados, mediante pruebas fehacientes que les permitan demostrar los hechos imputados y que haya sanción.
Indicó que según se ha establecido, el soborno entregado por la empresa aeronáutica brasileña Embraer, asciende a unos US$3,520,000, que ingresaron por partidas al país a través de varias empresas.
Involucrados
Se recuerda que el ministerio público logró en agosto del pasado año que ese caso fuera declarado complejo y que fueran impuestas diferentes medidas de coerción en contra de los implicados, incluyendo la prisión preventiva en contra del coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Carlos Piccini.
Mientras que en cuanto al exsecretario de las Fuerzas Armadas, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, y a los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, se les impuso como coerción presentación periódica e impedimento de salida del país.
Para el próximo 10 abril, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá una solicitud de revisión obligatoria de la coerción al coronel Piccini, empero, el ministerio público dice estar preparado para lograr que se mantenga la prisión preventiva.
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ADQUISICIÓN DE LOS AVIONES EN BRASIL
EL COSTO OPERACIONAL DE LAS AERONAVES: El proyecto fue impulsado por las Fuerzas Armadas, que defendió la necesidad de adquirir los aviones para resguardar el espacio aéreo y las costas nacionales ante el avance del narcotráfico internacional, que utiliza al país como puente de sus operaciones.
Cada una de las naves de cuarta generación que fueron compradas a la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer), por US$93 millones, para combatir el narcotráfico y otras misiones, tiene en las alas una ametralladora 50 que hace entre 350 y 450 disparos por minuto, y espacios para otros armamentos.
El costo operacional de las naves es de US$430 por hora de vuelo. Detalló que de los US$93 millones cotizados por Embraer, el costo de cada aeronave fue US$8.8 millones; US$15 millones fueron por paquete logístico, US$5 millones de armamento y radio, y US$1 millón por entrenamiento.
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